EL PLAN
COLOMBIA
y el conflicto armado

Por Alfredo Molano Bravo
Texto leído ante el Parlamento Europeo.
Comisión de Cooperación al Desarrollo. Bruselas, septiembre 12 de 2000.

Alfredo Molano Bravo (Bogotá, 1944). Sociólogo, escritor y periodista. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Los años del tropel: crónicas de la Violencia (1985), Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare (1987), Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras (1989), Aguas arriba: entre la coca y el oro (1990), Del Llano llano: relatos y testimonios (1995) y Rebusque mayor: relatos de mulas, traquetos y embarques (1998).

I. VERSIONES
Al comienzo de su mandato, el presidente Pastrana cursó una solicitud de ayuda a la comunidad internacional que llamó Plan Marshall para Colombia, con la idea de obtener fondos para reconstruir el país al salir de una guerra que estaba por terminar, puesto que se estaba negociando la paz. Presentado en Washington, un equipo del Departamento de Estado, Planeación Nacional de Colombia y un técnico de la Oxy reelaboró el proyecto definiendo como objetivo la guerra contra el narcotráfico. A su vez, el gobierno colombiano redactó un proyecto paralelo destinado a la Unión Europea y a otros países, en el cual se sustituyó el componente bélico por el social. En los dos se hace referencia a los aportes de Colombia y se formula como una estrategia conjunta de desarrollo, cuyos socios son Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. No son, pues, proyectos independientes sino complementarios y vinculantes. El Plan Colombia se presentó a la comunidad internacional antes de divulgarse en nuestro país y, naturalmente, sin haberse puesto a consideración del Congreso de la República ni de la sociedad civil, pese a que el aporte nacional -4.000 de los 7.000 millones de dólares- hace parte del presupuesto ordinario del país.

El plan aprobado por Washington tiene tres grandes objetivos, a nuestra manera de ver:

1. Forzar un acuerdo de paz conveniente para el «establecimiento» por medio del apoyo militar al ejército colombiano. Este «conveniente» significa una negociación sobre entrega de armas y reinserción del movimiento guerrillero en las instituciones vigentes.

2. Aumentar la injerencia militar de Estados Unidos en la convulsionada región andino-amazónica con miras a controlar las reacciones sociales desencadenadas por las políticas neoliberales. A Washington le preocupa ante todo lo que representa Chávez, un caudillo que tiene las armas, los votos y el petróleo; le preocupa también lo que sucede en Ecuador con el movimiento indígena y campesino, y en el Brasil con un creciente Partido del Trabajo y el movimiento de los Sen Terra; le preocupa lo que hay debajo de la oposición a Fujimori, le preocupa Bolivia sin Banzer, y le preocupa un Panamá sin su presencia en la Zona del Canal. Lo han dicho varias veces con el título de estabilidad democrática regional.

3. El Plan Colombia tiene un objetivo doméstico en Estados Unidos: disminuir las presiones del puritanismo norteamericano, que considera la droga el sustituto del comunismo.

II. EL CONFLICTO SOCIAL ARMADO
Quisiera entrar en materia afirmando que el narcotráfico -tal como lo dice el Plan Colombia- no es el origen de nuestros males sino una de sus expresiones más dramáticas. El problema viene de atrás y es más grande. Se origina en una estructura social y política que reproduce y aumenta las desigualdades económicas e impide la oposición democrática a este estado de cosas. Es la misma matriz del conflicto armado, de la corrupción institucional, de la violencia. Tratar de liquidar el narcotráfico sin tocar sus raíces -o haciéndolo sólo de manera tangencial- es un engaño inútil. Digo esto sin haber señalado que la producción de drogas ilícitas se nos indujo desde el exterior, y que sigue siendo el mercado mundial el gran responsable de su existencia.

El conflicto armado es un fenómeno que condensa buena parte de nuestra historia. Tenemos una larga tradición de luchas civiles armadas -en el siglo XIX hubo 52 levantamientos- que de manera inequívoca están mostrando la precariedad en la formación del Estado-nación, debido tanto al carácter patrimonial de nuestras instituciones políticas como a la índole rapaz y rentística de nuestro sistema económico. Hay que agregar que estas características constitutivas no están divorciadas de las políticas de subordinación del Sur al Norte.

En el panorama político y económico colombiano saltan a la vista dos grandes vacíos: el de una reforma agraria y el de la existencia de un movimiento de oposición a esta estructura. Ha habido intentos inocuos de reformar la tierra, y hay dos grandes partidos que se turnan el poder de manera hegemónica. De ahí que exista la sensación de que algo se hace y de que, pese a todo, somos la «democracia más antigua de América». Por eso es tan fácil decir que las guerrillas son hijas de Rusia, Cuba o China y que la droga es el nuevo demonio.

La reforma agraria ha sido imposible por una razón evidente: el Congreso lo manejan -aún hoy- grandes terratenientes. Ha habido dos intentos serios de modificar el régimen agrario. Entre 1936 y 1953 las iniciativas reformistas fueron liquidadas por una astuta combinación de entrabamiento burocrático y de violencia armada. La reforma de los años sesenta -impuesta por la Alianza para el Progreso- fue burlada por un acuerdo biparti-dista, una brutal represión contra los campesinos y un impulso a la colonización -dirigida o espontánea- de nuestras selvas. Debo decir que la violencia ha sido una de las herramientas más idóneas para impedir la reforma agraria, violencia ejercida por grupos armados ilegales al servicio de los terratenientes y de algunos gobiernos. Si se quiere encontrar alguna causa del narco-tráfico habría que buscarla en esta gran frustración.

Por su lado, la oposición política ha sido la otra laguna. Las rivalidades políticas entre conservadores y liberales de los años treinta, cuarenta y cincuenta se resolvieron por medio de una violencia que costó 300 mil muertos y por un tratado de paz llamado Frente Nacional que instituyó la alternancia de los dos partidos en el poder. De esta manera se monopolizaron el gobierno y, al mismo tiempo, la oposición. Las diferencias ideológicas se borraron poco a poco, y el clientelismo y la corrupción prosperaron como secuelas de este modelo de gobernabilidad. Desde los años sesenta se ha cooptado, comprado o asesinado toda oposición civil y democrática, obligándola a tomar el camino del monte. Monte donde también se refugian los miles de campesinos expulsados de sus tierras y obligados a colonizar para sobrevivir. En esos inmensos espacios donde la debilidad del Estado es aún más grave, convergen la oposición armada y los campesinos sin tierra.

Sin embargo, la colonización no resuelve el problema campesino, porque se convierte en una modalidad de ampliación del latifundio; por tanto, bien vistas las cosas, es un proceso de desplazamiento permanente de los colonos y de extinción paulatina de las selvas. El colono tumba la selva para hacer potreros y el terrateniente se los compra -o se los roba-, y así vive a la deriva y siempre al borde de la subsistencia pura y simple. Por esta razón no es difícil entender que, cuando a mediados de los setenta llega la coca, el colono la considera un milagro, y dedica todo su trabajo a cultivarla con la esperanza de salir de la miseria. La guerrilla se opone porque considera el milagro un ardid del «imperialismo» que busca enriquecer a los campesinos para quitarle ese apoyo, pero los colonos le hacen saber que si los guerrilleros no permiten el cultivo, les voltean la espalda. Los cultivos ilícitos -sobre todo la coca- llegaron a Colombia de la mano de los narcotraficantes y de su red internacional. Encontraron un campesinado miserable, unas autoridades corrompidas y fáciles de sobornar, una clase política ávida de recursos a cambio de impunidad y una clase empresarial acostumbrada al trabajo fácil y a la ganancia abundante. El cuadro perfecto para su prosperidad. A ojos del mundo entero, a Colombia entraron en 20 años no menos de 50.000 millones de dólares -2.500 por año-, cifra que explica la singular estabilidad económica del país durante estas décadas. Con semejantes ingresos el país casi no sintió la implantación de las políticas neoliberales. Pero la realidad fue que la industria manufacturera -en grandes dificultades, sin duda- y la agricultura comercial quedaron muy golpeadas por la apertura económica. Se exceptúa de la regla la gran ganadería, defendida por altos aranceles a la importación de carne, lo que se tradujo en un sector de inversión espléndido para los narcotraficantes. Cinco millones de hectáreas de la mejor tierra quedaron en sus manos. Los campesinos, por su parte, resintieron la competencia y se refugiaron en la subsistencia, excepto los que cultivaban coca y amapola, que pudieron integrarse sin dificultades a las realidades del modelo neoliberal.

III. FUERZAS Y ACTORES
Sobre esta base podemos entender más las fuerzas que chocan y los actores que las encarnan. Aunque el país no se halle todavía totalmente dividido y alinderado entre estas dos fuerzas, los actores ganan cada día más espacio al ritmo y medida en que el conflicto se amplía. La oposición entre las fuerzas sociales no pasa por una rígida división social de clases, sino más bien por una ambigua diferenciación política y económica. Diría que hay un sector excluido en lo político que dirige y canaliza de manera parcial un descontento social mayoritariamente campesino. El problema está en que antes de la coca el campesino luchaba por lo que no tenía, la tierra; hoy lucha por lo que tiene, los cultivos ilícitos que le han facilitado engolosinarse con el mundo del consumo. La dificultad es, pues, mayúscula. Los protagonistas armados de esas fuerzas han sido siempre tres: las fuerzas armadas regulares y los grupos paramilitares, por una parte, defienden el statu quo y no son ajenos a sus privilegios. Por otra, las guerrillas que, combinando formas de lucha y apoyándose en fuerzas muy heterogéneas, buscan derrotar al «establecimiento». Formalmente ambas fuerzas aspiran a la democracia y a la derrota de la pobreza. Las diferentes interpretaciones de estas banderas se han condensado en la agenda común de negociación que se lleva a cabo en la actualidad entre el gobierno y la guerrilla.

Miremos más de cerca a los protagonistas.

Las fuerzas armadas
Gozan de un amplio fuero militar, verdadero blindaje de la impunidad. La responsabilidad en la violación de los derechos humanos se ha establecido y divulgado con fundamentos sólidos, pero ha comenzado a disminuir vertiginosamente en los últimos años. La guerra sucia fue hecha con pocas restricciones por parte de los gobiernos y respaldada -para decir lo menos- por Washington y los pactos militares de defensa continental. Los medios de comunicación, con algunas excepciones, han velado estas acciones y sobre todo esas responsabilidades. El presupuesto militar ha crecido hasta llegar a ser hoy cercano al 5% del PIB. Hay que anotar que la mitad de ese dinero se gasta en los militares en retiro, que la mitad de lo destinado a las fuerzas activas se invierte en funcionamiento y que, para completar el cuadro, han salido a luz pública grandes negociados. La tercera parte del ejército colombiano está dedicada a cuidar la infraestructura energética -sobre todo petrolera- y un porcentaje no despreciable de soldados está vinculado a servicios personales de la alta oficialidad. El resultado neto de este esquema de seguridad puede leerse en dos cosas: las miles de toneladas de coca y heroína que han pasado por carreteras, puertos y aeropuertos bajo su responsabilidad, las escandalosas cifras de muertes violentas -30.000 al año, de las cuales 3.000 son políticas-, los 1.500 secuestros anuales, las 300 desapariciones forzadas, y el millón y medio de colombianos desterrados de sus regiones y refugiados en pueblos y ciudades.

Los paramilitares
Es una tradición de nuestros conflictos el uso de fuerzas irregulares, paralelas, mandadas y financiadas por sectores de algunos gobiernos para defender su capital político y por sectores de las élites para defender su patrimonio, particularmente la tierra. Durante la violencia de los años cincuenta se llamaron chulavitas y pájaros; durante el terror de los carteles de la droga, sicarios, y ahora se denominan autodefensas. La diferencia es que hoy han logrado unificar sus mandos, adoptar una estrategia común, ser financiados no sólo por empresarios legales sino particularmente por narcotraficantes y, como siempre, ser amparados por miembros de la fuerza pública. Sus funciones son varias: ser un contrapeso político de la guerrilla tendiente a polarizar el país, golpear mediante el terror a las comunidades campesinas buscando desaguar la pecera, y servir de instrumento para la defensa directa de los bienes de las clases acomodadas. Estos objetivos se cumplen rigurosamente protegidos por la impunidad y a su cuenta se abona la responsabilidad de la guerra sucia que antes llevaban a cabo las fuerzas armadas. Éstas eran señaladas en los años ochenta de ser las autoras del 70% de las violaciones de los derechos humanos, y hoy gran parte de ese porcentaje lo ostentan los paramilitares, mientras que las guerrillas conservan un 20%.

Las guerrillas
Las guerrillas de hoy son hijas de la época de la Violencia, aupadas siempre por el Partido Comunista, por algunos sindicatos y por no pocos políticos e intelectuales. Sus banderas han variado del comunismo ortodoxo a la socialdemocracia de izquierda en la medida en que las tesis marxistas se han eclipsado y el socialismo se derrumbó. Algún día habrá que analizar el impacto de la caída del muro de Berlín sobre el crecimiento de las guerrillas colombianas. Se han financiado siempre por medio de la contribución voluntaria o forzada de sus bases sociales de apoyo y por medio de la extorsión y el secuestro. Con la expansión de los cultivos ilícitos y la prosperidad regional que conlleva, han impuesto un sistema tributario que afecta a narcotraficantes, comerciantes, transportadores, inversionistas y campesinos. No son desdeñables las sumas que las compañías extranjeras pagan para que los insurgentes les permitan hacer inversiones locales. Sobre estos aspectos las Farc han comenzado a legislar. Como es sabido, no son ajenas a la violación de los derechos humanos. Son frecuentes delitos como la privación de la libertad, fusilamientos, ataques a zonas civiles, reclutamiento de menores y uso de armas no patentadas. Nadie puede decir que son una legión de ángeles vengadores.

IV. LAS NEGOCIACIONES
Con valor y tenacidad que explícitamente reconozco, el presidente Pastrana abrió de nuevo el diálogo con la guerrilla, y avanzó en la negociación con las Farc. Aunque hasta hoy los acuerdos han sido sobre las reglas del juego del proceso, se ha ganado en confianza y se han precisado las diferencias e identidades entre las partes. Quizás el mayor vacío ha sido no haber podido sacar adelante un cese del fuego para afianzar la legitimidad de la negociación, acuerdo siempre aplazado debido a la agresiva actividad paramilitar. El gobierno no tiene mando sobre este fuego y las fuerzas armadas se han mostrado reacias a controlar militarmente las regiones donde actúan los grupos paramilitares. El espectro de una división de la fuerza pública se agita detrás de esta impotencia.

No obstante, la negociación podría continuar y abordar a fondo la agenda. Sería el camino menos doloroso y más democrático. Las partes están en este momento bastante equilibradas y ello es la condición para llegar a soluciones definitivas. Se esbozan dos grandes acuerdos: uno sobre la cuestión agraria -régimen de propiedad, aranceles, crédito, infraestructura- y otro sobre una gran reforma constitucional que rodee de garantías el pluralismo político, el ejercicio de la oposición, el control de la corrupción y la subordinación real del poder militar al poder civil. Estos logros podrían, a la vuelta de unos pocos años, erradicar los cultivos ilícitos y reducir al mínimo la importancia de las armas como condición para la solución política. Pero este camino implica sacrificios de parte y parte. Por un lado, aceptar que la negociación versa sobre reformas estructurales profundas que sacrificarían muchos de los privilegios de que goza la élite, y por otro, que buena parte de los objetivos deberían ganarse por fuera del campo de batalla, por fuera de la mesa de negociación, es decir, mediante la lucha política democrática.

Hoy el Plan Colombia amenaza seriamente esta perspectiva. Estados Unidos y un gran sector del «establecimiento» han fortalecido su alianza para tratar de romper el relativo equilibrio de poder en que se desarrolla la negociación y cargar los dados a favor de sus intereses. Esta operación, con grandes riesgos, busca obligar por medios militares a que la guerrilla acepte el esquema de la reinserción a las instituciones en lugar de una modificación consensuada del sistema político. Es un arreglo que en última instancia equivale a una negociación sobre la entrega de armas, sin duda arropada con algunas modificaciones políticas menores y un trato económico preferencial a los comandantes. Las negociaciones con la insurgencia, desde 1953 con las guerrillas liberales hasta 1990 con el M-19, han tomado este rumbo, pero no han traído la paz; por el contrario, han fortalecido la lucha armada de los grupos que no se han acogido a la reinserción. No me cabe la menor duda de que tratar de imponer hoy este esquema conduciría a un escalamiento sustancial de la guerra.

¿De qué guerra se trata? Quisiera hacer algunas hipótesis. Primera: las guerrillas se irían a una confrontación total de «patria o muerte». Es la alternativa que los estrategas norteamericanos buscan. Un enfrentamiento como el que prometió Saddam Hussein: una batalla madre. La lucha contra los cultivos ilícitos cobraría aquí toda su importancia estratégica al asumir que son la fuente principal de financiación de la guerrilla. El resultado obvio sería la derrota de la insurgencia. Por tanto, hay que hacer otra hipótesis: una resistencia de desgaste. Esta ha sido la estrategia tradicional de las Farc. La guerra de guerrillas se ampliaría, sin grandes concentraciones de fuerza, pero buscando que el tiempo corra en contra de su enemigo. El ataque a la infraestructura económica podría ser la respuesta a los ataques contra los cultivos ilícitos. En este sentido la guerrilla tiene un ilimitado poder de destrucción. Si la economía colombiana está de rodillas con la infraestructura intacta, hay que imaginar a dónde llegaría con un ataque sistemático a vías, redes eléctricas, oleoductos. La Otan dio ejemplo de las funciones de una estrategia de ataque a la infraestructura. Así mismo, la guerrilla continuaría su avance militar en zonas pobladas y sin duda llevaría la guerra a las ciudades. Es posible que en este estado de postración económica los cultivos ilícitos, más que desaparecer, se desplacen hacia países vecinos y hacia otras áreas del país, no sólo por la necesidad de financiar la guerra sino principalmente para resolver el problema de la alimentación de la gente. Quizás no sería un Vietnam sino un nuevo modelo de guerra prolongada, irregular, que arrecie el desangre. En esta opción los paramilitares entrarían a cumplir un gran papel sustituyendo lentamente a las fuerzas regulares y llevando el peso de la guerra, ya que es la única arma que le quedaría al establecimiento para debilitar el avance guerrillero. El panorama de desplazamiento, destrucción y masacres que hoy vivimos se multiplicaría.

INTERROGANTES
¿Es este escenario el que buscan los Estados Unidos para justificar una «intervención humanitaria»?

Todo apunta a responder afirmativamente la pregunta. Por una razón fundamental: es muy posible que el conflicto colombiano no sólo se salga de madre en razón de la naturaleza misma de la guerra -desplazamiento de los cultivos ilícitos, destierro masivo de campesinos-, sino porque quizás sea éste el verdadero sentido de la injerencia de Washington atendiendo al peligro que para sus intereses representan Chávez y los movimientos sociales que se agitan en Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia. Se ha comenzado a oír hablar del eje Caracas-La Habana-San Vicente del Caguán. El Departamento de Estado ha insistido una y otra vez en el peligro que representa la inestabilidad de «la democracia» colombiana para la estabilidad política de la región. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuál sería el papel de la Unión Europea en este eventual desenlace? Se dejaría arrastrar Europa a tomar parte en un conflicto que tiene hoy por hoy todavía opciones de solución civil? ¿Cuál sería su costo? De salir avante en esa guerra, ¿qué ganaría Europa en una región sometida a la Pax Americana? Y de perderla, ¿qué consecuencias le traería para el desarrollo de su política exterior?

No es una tesis chauvinista: Colombia, para bien o para mal, es un país de significativa importancia geoestratégica regional. Por eso el problema podría extenderse, y transformar una guerra de carácter doméstico y limitado -con grandes posibilidades hoy de resolverse políticamente-, en un conflicto de alcance y proporciones desconocidos. El Plan Colombia puede ser el fulminante que se busca activar para lanzarnos a una aventura de la que nadie saldrá bien librado. Será un conflicto terrible con dos costos altísimos: el atropello a la población civil, habida cuenta de la guerra sucia, y el ecocidio representado en los destrozos causados por la guerra biológica que hace parte de los compromisos contraídos por el gobierno en el Plan Colombia. De manera indirecta Europa, de apoyar la estrategia norteamericana, avalaría estos nefastos resultados. Nadie podría desconocer que el Plan Colombia presentado a ustedes por nuestro gobierno, tiene para Estados Unidos una función esencial: mitigar la imagen militar de la estrategia y comprometer a Europa en un proyecto bélico común.

Permítanme hacer finalmente una consideración: Colombia necesita ayuda económica y política para resolver el conflicto. La participación de una tercera parte, como lo es la comunidad internacional en el proceso de negociación, sólo es justificable y útil si las dos partes en conflicto así lo demandan y, por tanto, lo aceptan. No es comprensible que se participe de manera unilateral si quiere evitarse caer en la intervención. Quiero decir, señores, que la verdadera ayuda de Europa estaría condicionada a que la negociación continúe, y en esta deseable opción, la participación debería estar indisolublemente asociada a los acuerdos logrados en la mesa. Los acuerdos requerirán la veeduría responsable y competente y ella no se lograría si Europa tercia en el proceso a favor de una de las partes. La solución necesita ayudas económicas, pero ella no sería factible si Europa contribuye a respaldar una estrategia militar inconveniente, aventurera y contraproducente. El tiempo para evitar este desenlace fatal es muy limitado. Pero existe un margen. Contribuyan ustedes a evitar la muerte de miles de colombianos y a impedir que nuestro medio ambiente sufra daños irreparables.