Diversos analistas han explorado con agudeza los efectos nocivos de los cultivos ilícitos. Pocas dudas caben sobre el daño que los cultivos de marihuana, coca y amapola les han hecho a nuestros ecosistemas. La Sierra Nevada, las serranías de La Macarena, el Perijá y San Lucas fueron destrozadas por la marihuana; la coca ha golpeado duramente nuestras regiones amazónicas, orinoquenses, y ahora golpea el andén pacífico; la amapola, por su parte, ha tumbado miles de hectáreas de bosque de páramo, en particular, en la cordillera Central. La superficie total es difícil de calcular, porque poco a poco, por densificación o para huir de la fumigación, evitarla o compensarla, los cultivadores se mueven y dejan las zonas abiertas en manos de los ganaderos locales, que son por lo general los mismos traficantes de ilícitos. ¿Cuántas hectáreas de bosque se han transformado en potreros? Nadie ha hecho el cálculo, y en verdad la cifra sería tan dudosa que no merecería gran crédito. Quizá sea más interesante por ahora entender la mecánica del proceso.

Al derribe de los bosques para sembrar la coca o la amapola -lo que significa grandes boquetes de selva- sigue la apertura de trochas para entrar los insumos y facilitar el movimiento de raspachines, y luego el cultivo propiamente dicho, cada día más técnico y sofisticado. Hay variedades altamente productivas como la Tingo María, cuya cosecha es casi el doble de las demás y en la mitad del tiempo, pero que agotan los nutrientes naturales del suelo a mucho mayor velocidad, obligando a los cosecheros a meterse en el laberinto de los abonos químicos, los fungicidas y los pesticidas. Conjunto que, es obvio, profundiza y quizás hace irreversibles los desequilibrios comenzados por la tumba de la montaña y que facilitan y aceleran la conversión de los rastrojos abandonados en pastizales para ganado.

Es un proceso conocido, aunque sus nocivos efectos ambientales no se hayan valorado lo suficiente. Lo que resulta evidente es que la devastación de selvas y páramos hecha por los cultivadores constituye una puerta de entrada de la ganadería extensiva, que profundiza y consolida bajo la forma de potrero -usualmente en braquiarias- el daño causado por los cultivos ilícitos.

Se han observado y denunciado también los efectos de la fumigación. Los biólogos han hecho de tripas corazón y han aceptado el glifosato como un mal necesario. Los colonos, que son los que sufren en carne propia la destrucción de su medio de vida, se han dado mañas para hacer conocer las consecuencias de las fumigaciones: destrucción de cultivos lícitos y de zonas no intervenidas, bien por derivación de los venenos o bien por táctica de intimidación. Han denunciado también en repetidas ocasiones las enfermedades, sobre todo epidérmicas, que las fumigaciones en niños y animales desencadenan. Algunos economistas han mostrado la función que la fumigación cumple como palanca para sostener el precio de los ilícitos, mientras que ciertos ambientalistas han sostenido, con sobrada razón, que más que erradicación lo que se logra con la fumigación es el desplazamiento de los cultivos.

Ahora bien, la guerra ha pasado a potenciar este conjunto de efectos negativos y seguirá haciéndolo en grado superlativo si no se llega a un acuerdo con las guerrillas que les abra campo a programas consistentes y eficaces de sustitución de cultivos.

Hoy no cabe duda alguna de la relación entre la guerra y los cultivos ilícitos. La guerrilla y los paramilitares apelan a ellos como fuentes financieras, lo que conduce a enfrentamientos territoriales por el control de los cultivos. Esto no significa que la guerra carezca de motivaciones políticas o de causas sociales y económicas. La guerrilla ha establecido un sistema tributario brutal para sostener sus operaciones militares: cobra el gramaje -o impuesto- a toda persona natural o jurídica que tenga cómo pagarlo. Se extorsiona a los agricultores, comerciantes, transportadores o funcionarios, y a las empresas públicas o privadas que desarrollen actividades en las zonas donde actúan los subversivos. En las regiones de agricultura ilícita cobran con más facilidad y rendimiento debido al carácter ilegal de las actividades y de la fuerza económica y social que tienen.

La guerrilla, institucionalmente hablando, no cultiva, no procesa y no comercializa por ser estas actividades menos rentables y más dispendiosas que el cobro propiamente dicho del impuesto. Los paramilitares hacen otro tanto, aunque sus vínculos con el procesamiento y la comercialización han sido puestos en evidencia por la Fiscalía. Públicamente se sabe menos de los nexos de miembros de la policía y del ejército con el narcotráfico, aunque es una

POR ALFREDO MOLANO BRAVO

relación que se da por supuesta. ¿Cómo es posible que hayan salido miles de toneladas de cocaína, por ejemplo, y sigan saliendo sin que las autoridades se den cuenta? Y si se dan cuenta, ¿cuántos millones de dólares han ingresado en sus cuentas como soborno?

La diferencia específica entre las formas de participación está en el destino de la extorsión, soborno o impuesto. Mientras los alzados en armas lo cobran «institucionalmente» y lo utilizan para financiar la guerra, los funcionarios públicos lo cobran de manera particular y lo usan para engrosar sus activos.

Ahora bien, los cultivos ilícitos son una palanca de la guerra y por tal motivo el control de las regiones de producción es una consecuencia de las estrategias encaminadas a financiar las acciones bélicas. No obstante, también la represión a los cultivos es una manera de tratar de impedir esa financiación, con lo cual la fuerza pública entra igualmente a luchar por el control de los territorios donde se cultivan los ilícitos. Es decir, no sólo los paramilitares y las guerrillas se enfrentan por el control territorial sino que también -y con la misma lógica estratégica- participan las autoridades. El Batallón Antinarcóticos del ejército es una nueva y poderosa arma que busca, ante todo, debilitar las finanzas de la subversión y que por tanto va a participar en una guerra territorial. El teatro de operaciones se ampliará así innecesariamente, porque a la represión militar y a la fumigación sigue el desplazamiento de los cultivadores y del conjunto de actividades comerciales y productivas del narcotráfico, desplazamiento que fuerza a la guerrilla a movilizarse detrás de sus bases políticas -los campesinos- y de su base tributaria -los narcotraficantes-, pero que a la vez obliga a que se desplacen tras ella los paramilitares y los batallones antinarcóticos de la policía y del ejército, en una lucha sin cuartel cuyo saldo trágico podría medirse en hectáreas de bosque arruinado, en toneladas de biomasa quemadas, en metros cúbicos de agua sacrificados por recalentamiento. Se puede decir que la guerra se está alimentando con la destrucción de la selva, y que el escalamiento de las operaciones bélicas se traducirá en un aumento sin antecedentes del impacto ambiental. Si bien hace unos años podíamos decir que detrás de los cultivos ilícitos había hambre y violencia, hoy tenemos que agregar el resorte de la guerra para comprender cabalmente el fenómeno. Hay una carrera armamentista detrás de los cultivos ilícitos y en ella participan tanto la guerrilla como los paramilitares y los militares. El control de las zonas de cultivo ilícito es un objetivo estratégico de todas las fuerzas enfrentadas y es, hoy por hoy, el motor principal de la terrible devastación de las pocas selvas y de los muy reducidos páramos que podríamos dejar como patrimonio a las generaciones que nos siguen. En la actualidad, la negociación al conflicto armado es una urgencia ambiental y un imperativo moral.

Alfredo Molano Bravo
(Bogotá, 1944). Sociólogo, escritor y periodista. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros, Los años del tropel: crónicas de la Violencia (1985), Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare (1987), Siguiendo el corte: relatos de guerras y de tierras (1989), Aguas arriba: entre la coca y el oro (1990), Del Llano llano: relatos y testimonios (1995) y Rebusque mayor: relatos de mulas, traquetos y embarques (1998).